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YPF seguirá siendo privada.

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YPF, creada bajo el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, y privatizada después de 70 años por el peronismo en su versión '90s, seguirá siendo una Sociedad Anónima. En ese sentido se expresa el art. 15, dentro del Capítulo III del proyecto de ley de expropiación enviado por el Poder Ejecutivo en los últimos días: ARTÍCULO 15.- Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley Nº 19.550 y normas concordantes, no siéndole  aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación. Por lo tanto, seguirá bajo la órbita privada. Eso es diferente a la Nacionalización, tan anunciada desde los medios, tanto oficialistas como opositores. Click acá para ver el proyecto.

TBA y la Responsabilidad Pública

En el área del derecho público, se ubican los contratos administrativos, cuya finalidad significa la satisfacción de un interés público relevante. Los servicios públicos concesionados se rigen por esta normativa. Una vez ubicado en la esfera del Derecho Público, se entiende que la responsabilidad del Estado debe ubicarse en otro lugar: el contralor se ejerce desde un ente de regulación. Ahora bien, sería un error considerar que el Estado debe desentenderse de la responsabilidad por lo sucedido en Once. El organismo de contralor del Poder Legislativo, la Auditoría General de la Nación, había elaborado con anterioridad a la tragedia un informe sobre las pésimas condiciones del servicio. Entre las causales encontramos la desinversión, la falta de mantenimiento, y el desvío de los subsidios en favor de actividades económicas privadas. Ante la inacción del Estado durante este tiempo, y el incumplimiento contractual de TBA, las condiciones están dadas para que se produzcan dos consecue...

Democrático, pero no republicano - Luis Alberto Romero

Aunque pertenece en pleno derecho a una de las familias democráticas, el peronismo no es republicano ni pretende serlo. Es cosa sabida, pero uno no deja de sorprenderse. "Las leyes se hacen para ser violadas", me contestó hace un par de años un colega kirchnerista, ante un señalamiento mío sobre la importancia de las leyes y las normas. Lo curioso en este caso fue el lugar: el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en un coloquio convocado por sus autoridades, para ilustración de los legisladores. Mi colega no es un ignorante ni mucho menos: tiene su grado, su posgrado y su experiencia universitaria. Pero expresó un sentido común antirrepublicano y antiliberal que es muy fuerte en la Argentina. La Constitución de 1853 consagró, junto con las libertades básicas, la forma republicana de gobierno. El núcleo del régimen republicano se halla en la división de poderes, y se fundamenta en la soberanía de la ley, verdadera Arca de la Alianza de nuestro contrato político...

Instituciones - por Roberto Gargarella

Hay una historia argentina de gran descuido de la institucionalidad, que viene de mucho antes del día de hoy. Irigoyen decía que era el líder de un movimiento, no de un partido, porque representaba al conjunto de la Nación. Y esta idea movimientista lleva inevitablemente a una posición agresivamente antiinstitucional, en la medida en que los líderes sienten que son la encarnación de los verdaderos intereses de la Nación. Desde esta visión ultradecisionista, cesarista, las instituciones son un obstáculo. Un parlamento con personalidad propia, demora; un Poder Judicial independiente, molesta... y sí, claro, el periodismo es sumamente molesto. También algunos intelectuales. En fin, todos aquellos que impidan la encarnación del ser o del interés nacional son réprobos, antinacionales o no entendemos nada. Esta tradición argentina, que se extiende sobre todo en el siglo XX, no quiere incurrir en los presumidos costos de construir institucionalidad y fue seguida, puntualmente, tanto por el pe...

Apuntes sobre el traslado de la Capital

Volviendo la cuestión del traslado, como método de descentralización y desarrollo del sur, recomendamos la lectura de un trabajo de Elba Roulet, "La nueva Capital". Se puede descargar gratis en .pdf acá. Por otra parte, la ley de traslado de la capital (23.512)   está en vigencia. Sólo es necesario un decreto del Poder Ejecutivo para ejecutar el traslado. Y la voluntad política, claro.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional

El riesgo de una reforma al servicio de unos pocos Por Roberto Gargarella* A  través de las voces, sigilosas a veces, de propios y extraños, hoy volvemos a encontrarnos con el discurso de la reforma constitucional. Mucho de lo que se escucha, sin embargo, nos remite a enfoques cortoplacistas y autointeresados, muy comunes en América latina en la última mitad del siglo XX. Durante este largo período, la mayoría de las reformas se orientaron a satisfacer las necesidades individuales, coyunturales, del gobernante de turno. Las nuevas constituciones se propusieron ya sea favorecer la permanencia en el poder del presidente en ejercicio (permitiendo su reelección), ya sea expandir sus capacidades y poderes. Esta -poco saludable- tendencia constitucional moderna contrasta con la que fue dominante en los comienzos del constitucionalismo en toda América latina. Entonces, una mayoría de autores sugirieron pensar en reformas frecuentes, sí, pero relacionadas con las necesidades colectiva...

Apuntes sobre el Constitucionalismo Social

El  constitucionalismo social   es la ideología por el cual el Estado ejecuta determinadas políticas sociales que garantizan y aseguran el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social. El Constitucionalismo social propugna reivindicaciones y dar prevalencia a los derechos sociales y colectivos: jornada de trabajo de 8 horas, salario justo, beneficios sociales, seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, derecho a la huelga, contrato de trabajo protegido por el Estado. Pero sin abolir los derechos individuales de los cuales siguen gozando de la protección del Estado, pero subordinados al bien común. Las bases fundamentales de esta clase de Estado son: Justicia social . Para los partidos revolucionarios, por  justicia social  se entiende la implantación de sistemas socialistas. Para el liberalismo sincero y progresivo la  justicia social ...